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DEMANDA GPPRD AL CONGRESO ACATAR RESOLUCIÓN DE LA CORTE SOBRE USO LÚDICO DEL CANNABIS

• Frida Esparza Márquez consideró un avance la nueva legislación respecto a la lesiva política prohibicionista que ha causado mucho daño


• Sin embargo, aclaró que aún estigmatiza y discrimina a los consumidores responsables porque considera a todos unos adictos


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https://www.youtube.com/watch?v=X0V4rB7L13Q


El GPPRD, en voz de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, demandó al Poder Legislativo acatar en sus términos la resolución del Poder Judicial en cuanto a despenalización y regulación del consumo lúdico de la mariguana, en vez de estigmatizar y discriminar, como lo pretende con la reforma al marco jurídico vigente, a quienes en el ejercicio de su libertad la consumen responsablemente.


La legisladora federal zacatecana se pronunció porque, desde una perspectiva liberal, se reconozca y promueva la capacidad de cada individuo a elegir libre y racionalmente los planes de vida que mejor le convengan, según sus preferencias, y no incurrir en su estigmatización y discriminación.


Al posicionar a su Grupo Parlamentario durante la discusión y votación del dictamen por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y se reforman la Ley General de Salud y el Código Penal Federal en esta materia, se pronunció por tratar a las y a los ciudadanos como personas responsables y capaces de tomar sus propias decisiones.


“No debemos decidir por ellos porque estamos violentando también su derecho al libre desarrollo de la personalidad”, precisó.


Aclaró que este dictamen es un avance respecto a la política prohibicionista que impera hasta ahora y que ha resultado un rotundo fracaso, pues provoca disputas violentas por mercados ilegales, políticas de represión como la guerra contra las drogas, muerte de millones de personas y, en suma, una crisis humanitaria sin precedentes.

Así, las actuales políticas prohibicionistas del Estado Mexicano -puntualizó- han causado muchísimo más daño a la salud, a la seguridad y a la paz social que los que quiso corregir.


Respecto a esta realidad, consideró este dictamen un avance, pero insistió en que es indispensable acatar la resolución de la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN) en sus términos y avanzar más contundentemente en la despenalización de la mariguana, como se ha hecho, por ejemplo, en Estados Unidos.


Al respecto, recordó que la SCJN ordenó al Congreso de la Unión modificar los artículos 235, párrafo último; 237; 245, fracción I; 247, párrafo último, y 248, de la Ley General de Salud a fin de garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual limita la prohibición absoluta del consumo de cannabis.


El dictamen en discusión en la Cámara de Diputados -dijo- no atiende a esa resolución y, en lugar de ello, modifica la minuta para esta reforma que a su vez le envió la Cámara de Senadores, crea una nueva norma y modifica el Código Penal Federal, lo cual no fue ordenado por la SCJN.


Refirió que en la minuta enviada por el Senado se facultada a un nuevo Instituto a regular y emitir permisos y licencias, pero las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados desaparecieron tal órgano y las atribuciones que tendría se las adjudicaron a la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic).


Calificó esto como un despropósito porque, por un lado, estigmatiza y discrimina a los consumidores responsables a quienes de antemano se califica como adictos -pues no todo consumo es necesariamente problemático- y porque la Conadic carece de experiencia y estructura operativa, administrativa, humana y presupuestal indispensable para tales tareas, por lo que se ponen en riesgo sus acciones preventivas y su propia viabilidad.


Además, este dictamen establece requisitos desproporcionados para el cultivo, procesamiento y distribución de derivados no psicoactivos de la mariguana y pone en riesgo también la libertad de investigación y autonomía universitaria al imponer controles a la investigación científica sobre esta hierba.


“Nos encontramos convencidas y convencidos de que éste va a ser un pequeño primer paso que nos conduzca hacia el reconocimiento pleno de los derechos de las y los mexicanos, así como a una política de seguridad pública que no criminalice el consumo, sino que genere los mecanismos para garantizar la convivencia pacífica sin guerra, como lo hemos exigido históricamente desde el PRD”, concluyó.

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