La corrupción no se combate con consultas: Adriana Díaz Contreras

• El Estado de Derecho, la única vía • Convocatoria de AMLO tiene fines propagandísticos.

Durante su Segundo Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no será recordado por corrupto, que no existe persecución facciosa hacia ninguna fuerza política y que está en vías de desterrar el “bandidaje oficial”, sin embargo, la realidad desmiente sus palabras, señaló Adriana Díaz Contreras, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Señaló que nadie puede oponerse a que se combata la corrupción, pero el gobierno de López Obrador mide con diferentes raseros los casos que se le presentan y aplica la justicia según sus filias y fobias políticas. Un ejemplo, dijo, es que mantiene en su gabinete al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, sobre quien pesan sospechas de corrupción y enriquecimiento inexplicable, a pesar de la exoneración oficial.

Díaz Contreras indicó que otro ejemplo del uso político de la justicia es la forma en que se ha manejado el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, privilegiando el espectáculo mediático y los linchamientos en redes sociales por encima de los procedimientos legales.

Por medio de filtraciones y videos, se ha implicado a diferentes personajes del PRI y del PAN, sin aportar más elementos de prueba que le den soporte a la investigación. Advirtió que la maquinaria propagandística del gobierno está en marcha y ahora pretende fincar su discurso anticorrupción en una consulta ilegal y amañada, para preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo o no en llevar a juicio a los expresidentes, cuando la ley es muy clara al respecto.

Su objetivo es construir una narrativa que desacredite a los partidos opositores, posicionar a Morena con miras al proceso electoral del año próximo, y mantener sus mayorías en la Cámara de Diputados. Díaz Contreras recordó al presidente de la República que la única vía para terminar con la corrupción es la aplicación del Estado de Derecho sin distinciones, con pleno respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Si los expresidentes son responsables de algún delito, tiene la obligación de presentarlos ante la justicia. La corrupción no se combate con consultas, sino con la ley en la mano, concluyó.

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