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82 JORNALEROS ESCLAVIZADOS EN EU Y ABANDONADOS POR EL CONSULADO DE SEATTLE

Agustín Galo Samario / SomosMass99/The Exodo


Seattle, Estados Unidos.- El jornalero mexicano de 28 años, Ernesto Silva Ibarra, trabajaba hasta hace unas semanas en los campos agrícolas de la empresa Sarbanand Farms, en Sumas, estado de Washington, cerca de la frontera con Canadá. Un día empezó a sentirse mal y lo reportó a sus patrones quienes hicieron caso omiso. Días después y hasta que la situación fue grave lo llevaron a un hospital local donde estuvo en coma y posteriormente murió. Dejó en la orfandad a tres hijos en México y su esposa.

El caso no habría trascendido a la opinión pública, ni se conocería la grave situación de virtual esclavitud en que sobreviven miles de jornaleros agrícolas mexicanos de no haber sido porque los compañeros de Ernesto empezaron a indagar sobre su muerte y a protestar por las deplorables condiciones de trabajo en dicha empresa y en otras que contratan por temporadas a trabajadores oriundos de México y Centroamérica.

Paradójicamente y frente al discurso patriotero de funcionarios federales mexicanos, gobernadores y legisladores federales en torno a la protección de migrantes ante la ola de xenofobia que ha emprendido el presidente Donald Trump, 82 jornaleros agrícolas fueron despedidos por exigir respeto a sus derechos laborales a la empresa Sarbanand Farms, filial del grupo Manger Farms.

El Consulado de México en Seattle los dejó a su suerte y están a punto de ser deportados. Los 82 jornaleros son oriundos de nueve estados. Los guanajuatenses forman uno de los grupos más numerosos, pero tampoco han recibido apoyo alguno de funcionarios de su estado, informó Maru Mora Villalpando, activista de Latino Advocacy y coordinadora de comunicaciones del sindicato Familias Unidas por la Justicia, agrupaciones que acompañan a los migrantes contratados en Estados Unidos bajo el programa H2-A.

Luego de la muerte de Ernesto Silva Ibarra y por la presión mediática que desató el caso, directivos de Sarbanand Farms accedieron a pagar los cuatro días de trabajo que adeudaban a los jornaleros y les permitieron recuperar las pertenencias que habían dejado al interior de la compañía.

En el contexto de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y su reiterado discurso de que deportará a los migrantes mexicanos que se encuentren de manera ilegal, a finales de enero el presidente Enrique Peña Nieto anunció que dio instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que “refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales” y que “los 50 consulados de México (…) se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes”.


Los días 7 y 8 de abril, como integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), los mandatarios de Guanajuato, Durango, Sonora, Morelos, Oaxaca, Baja California y el jefe de

Gobierno de la Ciudad de México viajaron a Los Ángeles, California, donde dieron a conocer que, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, acordaron crear la Casa México. Iniciativa en que “lo más importante es que cada casa (de atención a migrantes de los estados) podrá atender a mexicanos con un trato de eficacia, de atención ante una situación de emergencia”.

Ahí, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, afirmó que “hoy más que nunca nos unimos todos en la defensa de los migrantes (…) El gobierno del estado está en donde están los guanajuatenses, ustedes nunca estarán solos (…) Hoy Estados Unidos es grande gracias a los migrantes, hay que poner en alto el nombre de nuestro país y de los mexicanos y hacer valer todo lo que hemos dado a este país”.